Las acusaciones del presidente de EE.UU. Donald Trump a la Administración Obama de haber
interceptado sus comunicaciones antes de las elecciones presidenciales podrían
acarrear al nuevo inquilino de la Casa Blanca algunos problemas legales,
informa NBC News.
Aunque la ley ofrece amplias garantías al discurso político,
esta no alcanza todos los casos, informa la cadena. "Básicamente
[Trump] afirma que Obama cometió delitos, y declarar que alguien ha cometido un
delito cuando es falso es claramente difamatorio", señala Benjamin
Zipursky, profesor especialista en difamación en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Fordham, Nueva York. A su juicio, en este caso "hay
pruebas de imprudencia" por parte del nuevo mandatario.
Además, la cadena estadounidense subraya que es difícil para las figuras públicas salir
airosas de casos de difamación pues la mayoría de los
tribunales suelen condenarlas porque en su condición asumieron hacer sus vidas
públicas, lo que significa que se hablará de ellos.
"Lo que el demandante tiene que demostrar es que el
acusado ha dicho, escrito o tuiteado algo que constituya una declaración o hecho falso que dañe la
reputación del acusado", aseguró Jay Wexler, profesor de
derecho constitucional de la Universidad de Boston (Massachusetts). Sin
embargo, Wexler indicó que, puesto que Obama es un funcionario público,
"uno tiene que demostrar" que las declaraciones se han hecho
"con algún tipo de intención de dañar".
Asimismo, un alto funcionario
estadounidense afirmó a NBC News que Trump "no consultó con la gente en el seno del Gobierno de
EE.UU. que pudiera saber [si la información era cierta] antes de
hacer la declaración".
A pesar de la posible querella, es poco probable que Obama
demande a Trump por difamación ya que los predecesores tienden a dar al
presidente sucesor "una buena cantidad de espacio" al tiempo que este
goza de "protección ante juicios civiles", recalca la cadena citando
la decisión de la Corte Suprema de 1982.
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