Arrestados hombres fuertes del kirchnerismo
acusados de orquestar un plan para dar impunidad a los acusados del peor
atentado de la historia de Argentina.
Un día después de que la expresidenta argentina Cristina
Fernández de Kirchnerjurase como senadora, un juez la procesó por
presunto encubrimiento terrorista y pidió su desafuero para poder detenerla.
El
juez Bonadio quiere que siga los pasos de los otros acusados en la causa, entre
ellos exaltos cargos kirchneristas, que quedaron procesados y detenidos por
orden del magistrado Claudio Bonadio en la causa que investiga si el Gobierno
tramó un plan criminal para dar impunidad a los iraníes acusados de ser los
autores intelectuales del atentado que en 1994 destruyó la mutual judía Amia,
que dejó 85 muertos.
La primera de las detenciones ocurrió de madrugada. Policías
federales arrestaron en su casa al exsecretario de Legal y Técnica durante los
12 años del kirchnerismo, Carlos Zannini. Horas después, fue el turno del
militante kircherista Luis D'Elia, del líder islámico al lider islámico
Jorge Alejandro YussufKhalil y se espera que el próximo sea el
dirigente social Fernando Esteche. Bonadio dictó prisión preventiva por
enfermedad para el excanciller Héctor Timerman y procesó también sin prisión
preventiva al exjefe de los espías Óscar Parrilli.
La Cámara Alta, que sesionará a partir del 10 de diciembre,
cuando asumen los nuevos senadores, tiene ahora en sus manos la suerte de la
expresidenta. Tiene 180 días para expedirse. El antecedente más cercano es el
exministro de Planificación Julio De Vido, desaforado e inmediatamente
encarcelado por presunta corrupción el pasado 25 de octubre. Pero ambos casos
presentan grandes diferencias. De Vido, responsable durante 12 años de las
obras públicas multimillonarias realizadas con los Kirchner, acumulaba
numerosas pruebas en contra y había caído en desgracia dentro del kirchnerismo
cuando el Congreso le retiró su apoyo.
Por el contrario, la causa contra Fernández de Kirchner
presenta muchos más claroscuros. El memorándum de entendimiento firmado con
Irán en 2013 fue aprobado por el Congreso argentino y nunca entró en
vigor porque no fue ratificado por los legisladores iraníes.
Las alertas rojas
de Interpol para detener a los sospechosos iraníes tampoco dejaron nunca de
estar vigentes.
La expresidenta se presentó a las elecciones por fuera del
peronismo y contará con un bloque propio en el Senado, pero no está claro que
en la Cámara Alta haya votos suficientes para quitarle los fueros.
Bonadio dictó los procesamientos un mes y medio de tomar
declaración indagatoria a los acusados en esta causa, que fue inicialmente
abierta por el exfiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en
su apartamento de Buenos Aires de un disparo en la sien. Nisman, fiscal de la
causa AMIA, había acusado a la entonces presidenta, al canciller y a otros
funcionarios de haber orquestrado un plan criminal para "dotar de
impunidad" a cinco iraníes sospechosos de ser los autores intelectuales
del atentado a la Amia, el peor de la historia de Argentina, a cambio de
beneficios económicos.
Los acusados, todos altos funcionarios o diplomáticos,
tenían en enero de 2013 un pedido de captura internacional cuando el gobierno
de Kirchner firmó con Teherán un memorando que lo habilitaba a interrogarlos en
territorio iraní. El Gobierno presentó el acuerdo como la única posibilidad de
avanzar en una causa que en ese entonces estaba paralizada, pero el fiscal
entendió que fue en realidad "un incumplimiento a los deberes de
funcionario público".
La causa fue desestimada en 2015, pero se reabrió
hace un año y pasá a manos de Bonadio, el juez más enfrentado a los Kirchner.
"Esta causa es un gran disparate jurídico. El Gobierno
está detrás de esto, porque quieren un Parlamento sumiso, donde los
legisladores voten lo que ellos quieren, pero conmigo no lo van a lograr. Voy a
representar los intereses de la gente que me votó, como siempre lo hice",
se defendió la expresidenta tras comparecer ante el juez el pasado octubre.
La expresidenta está procesada e investigada también en
otras causas. La más delicada es la que investiga a Fernández de Kirchner y a
toda su familia por presunto lavado de dinero de empresarios afines a través de
los hoteles que tienen en El Calafate, un centro turístico al lado del Glaciar
Perito Moreno.
Fuente: ElPais.com
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