La
Plataforma en Defensa de la Libertad de Prensa ha alertado sobre la gravedad de
la situación.
No faltan
ejemplos para ilustrar el panorama: el aluvión de tuiteros condenados por
enaltecimiento del terrorismo, las penas de prisión a raperos o las multas a
periodistas en virtud de la llamada 'Ley Mordaza' han encendido las alarmas de
la Plataforma en Defensa de la Libertad de Prensa (PDLI), un organismo que vela
por los derechos de libertad de información y de expresión en España, y
que ha resumido el pasado año 2017 como "el año de los delitos de opinión".
Su
presidenta, Virginia Pérez Alonso, ha declarado que "cuesta encontrar en
la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al
que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit.
Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo
XXI". En opinión de Pérez Alonso, esto es "tan grave que tardaremos
en asimilar su alcance".
Tuiteros y raperos a la cárcel en 2017
- Cassandra.
2 años y 6 meses de cárcel.
El año
empezó con el proceso de la tuitera Cassandra, para la que la fiscalía solicitó 2 años y 6 meses de cárcel, más 3 de libertad
vigilada, por hacer parodias sobre
el general franquista Carrero Blanco, asesinado por ETA en
1973, en una serie de tuits publicados desde noviembre de 2013 hasta enero
de 2016. El auto del fiscal la acusaba de un "delito de humillación a las víctimas del terrorismo",
previsto y penado en el Código Penal, y consideraba que sus tuits
eran "graves mensajes de enaltecimiento del terrorismo".
Cassandra, con 21 años de edad, fue condenada a un año de cárcel por la Audiencia Nacional.
- César
Strawberry. 1 año de cárcel.
También en
enero fue condenado a un año de prisión y seis meses de
inhabilitación absoluta el cantante César Strawberry. Su delito fue
publicar seis tuits en los que ironizaba sobre ETA o la muerte de Carrero
Blanco, y en los que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entendió que
existía enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
- Valtonyc.
3 años y medio de cárcel.
Al mes
siguiente, en febrero, la Audiencia Nacional impuso una pena de tres
años y medio de prisión al rapero Valtonyc, al considerar que el contenido de sus canciones
incurría en los delitos de injurias a la Corona y de enaltecimiento del
terrorismo. La PDLI consideró esa condena "un ataque muy grave a la
libertad de expresión e inaceptable en un estado plural y democrático".
- Colectivo
'La Insurgencia'. 2 años y un día de cárcel para sus 12 miembros.
En
noviembre, otros doce raperos fueron condenados a 2 años y un día de
cárcel, inhabilitación para cargos públicos durante nueve años y una multa de
4.800 euros. Se trata de los doce miembros del colectivo La Insurgencia, que
según la Audiencia Nacional cometieron delitos de enaltecimiento del
terrorismo a través de las letras de sus canciones.
La
sentencia destaca en ellas "continuadas alusiones que,
desprovistas de cualquier otra consideración, entrañan abiertamente una loa a
la organización terrorista GRAPO". Dicha organización terrorista, cuyo
nombre es el acrónimo de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de
Octubre, desapareció hace más de una década.
En el
siguiente video puede escucharse una canción con la que uno de los miembros de
'La Insurgencia' reacciona, a principios de 2017, a la apertura del proceso
judicial en su contra.
La PDLI
también se pronunció sobre la condena a estos doce raperos, y la describió como
"un nuevo atropello a la libertad
de expresión y una vulneración de este derecho fundamental,
contrario a los estándares internacionales a los que está sujeta España, como
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de
Derechos Humanos".
El récord de Marzo: siete juicios en un mes
Tal como
denuncia la misma plataforma, en marzo de 2017 la Audiencia Nacional "fue
motivo de alarma" por celebrar nada menos que siete juicios
por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. De estos casos, para
evitar condenas mayores, cuatro de los acusados llegaron a acuerdos de
conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de uno a dos años de prisión y
ocho años de inhabilitación.
"Una anomalía democrática": las multas por la 'Ley Mordaza'
En 2017 la
Policía española siguió multando a periodistas en virtud de la Ley de Seguridad
Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley mordaza'.
El
periodista Raúl Solís fue el
primer periodista en ser sancionado por incumplimiento de esta ley.
Ocurrió mientras trabajaba cubriendo una protesta contra el autobús de la asociación ultracatólica HazteOir, que
difundía mensajes contra la transexualidad de los niños. Se le multó con 150 euros por "poner en
riesgo" la integridad de los agentes de la Policía Nacional, que aseguran
en su informe que "el denunciado se salta el cordón policial,
introduciéndose en la zona de seguridad acotada, pidiendo explicaciones de
manera despectiva a los agentes, cuestionando y menospreciando la actuación de
los mismos, y realizando grabaciones con su cámara".
Solís, que
publicó un artículo con su versión de los hechos, se negó a abonar
la multa, argumentando que "no podemos aceptar como normal lo que es una
anomalía democrática, un retroceso en libertades".
Otro de los
informadores multados en 2017 fue Mikel Sáenz de Buruaga, de la emisora vasca Hala Bedi. El 18 de
mayo fue identificado por estar grabando con su teléfono móvil durante
una actuación policial en la localidad de
Vitoria. Mikel mostró su acreditación de prensa, pero fue sancionado
igualmente. La PDLI también reaccionó en su momento:
Exactamente
el mismo día, la periodista Cristina Fallarás también fue sancionada con una multa de 600
euros, cuando participaba en una concentración frente a la Embajada mexicana en
Madrid, en protesta por los asesinatos de informadores en México.
Intentos de control político de la información
La
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información también ha expresado
su preocupación por los intentos
de control político de la información. Denuncian que el fenómeno de
las llamadas 'noticias falsas' ha vuelto a la actualidad convertido en "excusa para un posible control político de los medios, tal como
viene apuntando en sus sesiones la comisión mixta de seguridad nacional".
En un manifiesto firmado junto a diversos medios de
comunicación y asociaciones profesionales y publicado el 13 de Diciembre de
2017, la PDLI rechazó de manera expresa "las iniciativas políticas o
legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en
cualquier canal la libertad de información, de manera directa o
indirecta".
David Romero (rt.com)
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