¿Persecución
política o lucha contra la corrupción? El proceso judicial que se le sigue al
exjefe de Estado brasileño acapara la atención de esa nación latinoamericana.
Un tribunal
decide este miércoles si ratifica o anula la condena a nueve años y medio de
prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quién se le
investiga por presunta corrupción pasiva. Si finalmente los jueces confirman la
condena, el exmandatario no podrá presentarse a las elecciones
presidenciales que se celebrarán este año.
La causa que
se le sigue a Lula forma parte del sonado caso Lava Jato ('lavado a presión', en español), que reveló
una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal brasileña de petróleos
Petrobrás y una larga lista de sobornos pagados a dirigentes políticos por el
gigante de la construcción Odebrecht.
Por este
caso, el juez de la 13ª Corte Federal de Curitiba, Sergio Moro, emitió una
condena contra Lula, de nuevo años y medio de prisión, los cuales puede cumplir
en libertad.
En Porto
Alegre, ciudad en la que fue radicado el juicio, se ha registrado una
importante movilización de organizaciones populares y otra de los cuerpos de
seguridad del Estado.
Un departamento en escena
Los
investigadores policiales sospechaban que el líder del Partido de los Trabajadores
(PT) pudo aceptar un lujoso departamento, a cambio de beneficiar a la
constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
De forma
particular, mencionaron la supuesta adjudicación a familiares de Lula, de un
departamento triplex de lujo, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en
Guarujá (municipio del estado de San Pablo).
En la
denuncia recibida por el juez Moros, se acusó a la empresa OAS de haber pagado
a otra compañía para resguardar bienes de Da Silva mientras estuvo en la
presidencia.
La defensa
del exmandatario explicó que los "bienes" bajo custodia eran parte
del acervo presidencial: cartas, camisetas y piezas de artesanía.
El cargo
sin demostrar
La justicia
de Brasil acusa a Lula da Silva por el presunto crimen de corrupción
pasiva.
Según la
legislación de esa nación latinoamericana, ese delito supone que un funcionario
público realiza o deja de realizar un acto de su competencia a cambio de algún
beneficio.
Para la
fiscalía, Lula habría recibido el apartamento triplex, pero a lo largo de
juicio no se ha logrado demostrar que sea el propietario y
mucho menos se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado
origen al recibimiento del inmueble.
Este juicio
de segunda instancia no significa la última opción del líder del PT. Los tres
jueces que integran el tribunal deben producir una sentencia unánime para que
finalice el proceso, pero si al menos uno de ellos falla con una posición
distinta, el juego legal queda abierto para otros recursos.
La
postura de Lula
Durante una
entrevista concedida al cineasta estadounidense Oliver Stone, el expresidente denunció la existencia de un
plan en su contra.
"Hay
una guerra en Brasil, estamos frente a un proceso violento contra la
democracia. Han construido una teoría mentirosa para justificar la salida de
Dilma y la criminalización del PT (...) Hay una coordinación perfecta entre la
prensa, la policía federal y el Ministerio Público para construir
mentiras", detalló Lula.
Consultado
sobre los cargos que se le imputan señaló que "están trabajando para
evitar que yo pueda participar en las elecciones de 2018. No tendría
sentido que me permitieran volver a la presidencia dos años después del golpe
parlamentario" contra Dilma Rousseff.
Dado que sus
adversarios no "pueden impedir la decisión electoral del pueblo",
agregó Lula,"están intentando apartarme a través del poder judicial,
atribuyéndome cosas absurdas que no son creíbles ni para un niño pequeño".
Candidatura presidencial
El proceso
judicial a Lula despierta suspicacias sobre la verdadera motivación de las
acusaciones, ya que podría tratarse de una maniobra política para sacarlo de la
carrera presidencial.
El sociólogo
Vinicius Sartorato asegura que "sin duda alguna, hay un intento de
aislamiento de Lula, el PT y su proyecto político, porque representan una
perspectiva contraria a los intereses de las oligarquías y el mercado
financiero".
Indicó que
"según una encuesta, el 60% de los brasileños" cree que el juicio es
una persecución ajena al contexto judicial, pero el restante 40% manifiesta su
convencimiento de que es una "acción combate a la corrupción, pero lo
hacen desde la narrativa trabajada por los grandes medios de comunicación,
quienes a vez, están involucrados con la oligarquía brasileña y el mercado
financiero".
Ernesto
J. Navarro (rt.com)
No hay comentarios:
Publicar un comentario