La orden
fue dictada por el juez Sergio Moro. El ex presidente tiene plazo hasta las
5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria en la
sede de la Policía Federal.
El poder
judicial brasileño ordenó la detención judicial del ex presidente y candidato
presidencial Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
El ex
mandatario tendrá plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para
presentarse de manera voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.
De acuerdo a
la orden, dictada por el juez Sergio Moro, Lula da Silva cumplirá condena en
"una sala reservada" en la superintendencia de la Policía Federal,
separado de los demás presos, en "razón de la dignidad del cargo
ocupado" por el ex mandatario.
Sin
'habeas corpus'
El pasado
miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el pedido de
'habeas corpus' presentado con carácter preventivo por los abogados del
expresidente, en el caso de presunta corrupción que se le sigue por la posesión
de un departamento triplex.
Mientras
cinco de los 11 magistrados votaron en favor del recurso, los otros seis se
manifestaron contra, lo que precipitó la orden de detención. Esa decisión
trunca el camino de Lula a la presidencia de Brasil, a pesar de ser el más
aventajado en las encuestas.
El juicio
duró más de 10 horas. La última en pronunciarse sobre el caso y
decantar la balanza hacia el eventual encarcelamiento de Lula fue la magistrada
Cármen Lúcia.
¿De qué se
le acusa?
La causa
contra el exmandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato (lavado
a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la
empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos
por parte de la constructora Odebrecht.
Al líder del
Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento
triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del
estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos
con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula
sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el
acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese
hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público
realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún
beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de
prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal
de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.
En la
opinión de la doctora en derecho, Gisele Ricobom, la rapidez y la
excepcionalidad del caso es una muestra de la intromisión del poder judicial en
la política y la democracia.
Fuente:rt.com
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