El
límite que divide a estos países sudamericanos está plagado de corrupción,
falta de controles e incapacidad para atender a la gran cantidad de personas
que cruza de lado.
El reciente
secuestro de los tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio en la
frontera compartida con Colombia, y su posterior asesinato —confirmado por ambos Gobiernos—, conmocionó al mundo y las señales de alerta se
encendieron sobre este límite binacional. A su vez, el 17 de abril el
Ministerio del Interior ecuatoriano confirmó el secuestro de otros dos ciudadanos locales, en el mismo
lugar. En efecto, antes de la tragedia ya se trataba de un territorio plagado
de irregularidades, pequeñas redes
de corrupción y desorden generalizado. Lo peor podía suceder.
Las
privaciones de libertad del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y
el conductor Efraín Segarra tuvieron lugar en la provincia de Esmeraldas, al
norte de Ecuador. Sin embargo, unos kilómetros hacia el sur, en la provincia de
Carchi, la línea fronteriza que divide a aquellas naciones también
sirve de ejemplo para graficar la crítica situación que se vive en materia de
seguridad. El problema es compartido.
Corrupción
Para llegar
a territorio colombiano por tierra, partiendo desde Quito, la capital
ecuatoriana, hay que tomar un autobús de larga distancia con destino a la
ciudad de Tulcán, la más próxima a la frontera. Tras unas seis horas de viaje,
un taxi —cuyo valor no supera los tres dólares— traslada a los
viajeros desde aquella urbe hacia el último tramo del suelo ecuatoriano: la
Unidad de Control Migratorio.
El desorden
en las oficinas estatales es total. El edificio está rodeado por una fila
imponente de unas cinco cuadras de largo, compuesta por turistas, aventureros y cientos de
venezolanos que intentan probar suerte en otros países. Hay
caras de preocupación y desconcierto. Ninguna autoridad ordena a las miles de personas que esperan
con ansias cruzar hacia Colombia, o llegar a Ecuador.
"Pss.
Yo te hago saltear la fila por 20 dólares, aquí perderás todo el día",
ofrece un hombre, que se tapa la boca para hablar, como si fuese un futbolista
asediado por las cámaras. Un ciudadano de Venezuela acepta la oferta, pero
cierra el trato en 15 dólares. Para continuar con el entramado, hay que
sumar otros dos dólares extras destinados a un local de comidas encargado de
cuidar las valijas mientras se desarrolla el operativo.
Lógicamente,
este mecanismo para cruzar personas al país vecino de un modo más ágil no sería
posible sin las fuerzas de
seguridad involucradas. "Anda a la puerta, cuando veas al
policía, dile que manda el de chaqueta", indica el organizador —quien no
supera los 40 años—, haciendo referencia a él mismo. Sin embargo, el plan se
frustra cuando en la entrada del edificio se para otro efectivo, quien
lleva puesto un chaleco azul que dice "Migraciones", y no
parece ser parte de este pequeño entramado. A pesar de ello, tampoco
hace algo para evitarlo, y sería imposible desconocerlo.
Es cuestión
de esperar el momento justo. Minutos más tarde, el policía se queda solo en la
entrada; es la situación ideal. Al seguir las indicaciones ya
mencionadas, el uniformado lanza
un gesto de complicidad con el rostro y se corre de la puerta. El
acceso está libre, sin haber esperado unas seis u ocho horas en la fila
convencional. Tras aguardar media hora dentro de las oficinas, donde
insisten con que no se puede tomar fotografías, un empleado estatal coloca el
sello en el pasaporte tras hacer preguntas de rutina y el camino hacia Colombia
queda liberado.
Al concluir
la misión con éxito, se recoge el equipaje y el coordinador de los movimientos
aclara: "Yo solo me quedo con unos dos dólares, el resto es para la Policía".
Resta por calcular la cantidad de viajantes que acuden a este servicio por día
para establecer cuánto dinero mueve esta red ilegal.
Desorden
El cruce
para llegar al otro país se puede hacer a pie: hay que atravesar el Puente
Internacional Rumichaca y a unos 200 metros se encuentra el Puesto de Control
Migratorio colombiano. La fila tiene casi la misma longitud que la anterior
y presenta similares características: hay turistas latinos y europeos,
pero más de la mitad está compuesta por familias venezolanas.
Vendedores
callejeros se acercan para ofrecer café y muchos alimentos fritos,
principalmente arepas y empanadas. La oferta para evitar la fila se repite
también en Colombia, por el mismo precio: 20 dólares. De este lado de la
frontera tampoco hay uniformados organizando la situación fuera del edificio
gubernamental. Así las cosas, culmina el atardecer y la noche se hace presente,
en un sitio donde todo es posible.
Salvo raras
excepciones, casi nadie respeta sus lugares originales en la fila.
Muchos notan
que ni hace falta pagar para colarse; cualquier distracción es suficiente. Al
cabo de unas cinco horas, ya dentro del establecimiento, puede apreciarse dónde
radica el problema principal. Hay tan solo tres ventanillas para que los
empleados estatales atiendan, como puedan, a miles de personas con situaciones opuestas: desde la
excitación de turistas que sueñan con emocionantes experiencias para cortar la
rutina, hasta la angustia e incertidumbre de personas que dejan su tierra atrás
para empezar una nueva vida.
Así las
cosas, los principales medios de comunicación en Colombia y Ecuador le atribuyen las falencias burocráticas de sus
propios países al conflicto en Venezuela, destacando que los
ciudadanos provenientes de aquella nación colapsan sus fronteras.
Descontrol
Si se
analiza en términos políticos y sociales, Colombia es uno de los territorios
más calientes de la región. Si a la desigualdad económica de su
población —según el Informe de Desarrollo Humano 2016 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocupa el puesto 95 de 188 naciones,
mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dice que la pobreza monetaria en 2017 fue del
26,9%— se le suma el conflicto del narcotráfico y los enfrentamientos entre el
Estado y la guerrilla, cualquiera podría suponer que los controles fronterizos
deberían ser estrictos.
Lejos de
ello, las autoridades no revisan a
los transeúntes que pasan de un país al otro. Tampoco hay
detectores de metales. Sin exagerar, cualquier individuo podría entrar al país
vecino con armas u estupefacientes sin ningún impedimento, en una
zona donde todo vale.
Los que cruzan el límite
Según
estadísticas del Ministerio del Interior ecuatoriano, por este punto
específico ingresaron al país desde Colombia, solo en el mes de marzo, 86.452
personas de diversas nacionalidades —67.159 son venezolanas, superando
ampliamente a colombianos y ecuatorianos, juntos—, mientras que salieron de
Ecuador 15.929 individuos.
La cifra de ingresantes creció exponencialmente en tan solo un año si se tiene
en cuenta que durante el mismo mes, pero en 2017, arribaron 26.047 ciudadanos y
se marcharon 15.945 por aquel cruce fronterizo. El aumento fue sostenido
durante todos los meses posteriores.
Por el lado
de Colombia su Ministerio de Relaciones Exteriores —que cuenta con
estadísticas hasta el 2017— informa que el Puente Internacional Rumichaca
fue el cruce fronterizo más
transitado del país en varios meses de ese año.
Sin embargo,
entre un país y otro hay diferencias estadísticas sobre las personas que entran
y salen de sus respectivos territorios. Por ejemplo, las autoridades de
Colombia dicen que en diciembre salieron por este puente —cuyo único
destino es Ecuador— 68.565 personas, pero desde las oficinas del país vecino
sostienen que recibieron a 62.622: hay 5.943 seres humanos de diferencia. Del
mismo modo, los cálculos ecuatorianos dicen que a través de este cruce salieron
26.199 ciudadanos hacia Colombia, pero al otro lado del borde limítrofe afirman
que en ese mes ingresaron 31.925 viajantes desde Ecuador: la diferencia es de
5.726.
La falla administrativa no es menor,
si se considera que en las últimas semanas cinco personas fueron secuestradas a
pocos kilómetros, en la misma frontera. Mientras tanto, la canciller
ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, dijo públicamente que "se ha pedido
que se convoque a un Consejo Permanente de la OEA [Organización de Estados Americanos], este viernes en
Washington, para informar a todos los países del hemisferio sobre la situación
de la frontera". ¿Lo harán?
Leandro Lutzky
Fuente:rt.com
